El texto analiza la problemática del tráfico y consumo de sustancias estupefacientes en Colombia, resaltando el desafío de equilibrar la lucha contra el narcotráfico con la protección de los derechos humanos, como la autonomía personal y el libre desarrollo de la personalidad. Se revisa la evolución jurídica desde la Ley 30 de 1986 hasta el Decreto 2114 de 2023, mostrando cómo se ha regulado el porte y consumo de dosis personal, sin criminalizar al consumidor y enfocándose en combatir la comercialización. Se destaca la congestión judicial debido a capturas de personas que por el solo porte de estupefacientes terminan en libertad en audiencias preliminares y que, en etapa de conocimiento no trascienden por falta de pruebas suficientes para demostrar la tipicidad de la conducta. Se concluye que la efectividad en la lucha contra el narcotráfico requiere una mejor coordinación entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la judicatura, así como políticas públicas coherentes para reducir la oferta y el consumo de drogas.
