La Constitución Política de Colombia de 1991 establece que Colombia es un Estado Social de Derecho, fundada en el respeto de la dignidad humana y en la solidaridad de las personas que la integran; así mismo consagra que el derecho a la vida es inviolable y que nadie será sometido a torturas ni a tratos crueles, inhumanos, o degradantes. Estos preceptos constitucionales fundamentan el objeto de estudio: El derecho a morir dignamente y su correlación con el homicidio por piedad contemplado en el artículo 106 del Código Penal Colombiano.