Resumen:
El Principio de Oportunidad fue incluido en el ordenamiento jurídico procesal que entró en vigencia a partir del acto legislativo 03 de 2002 y la Ley 906 de 2004. Potencializado como una importante herramienta de descongestión procesal y que mediáticamente sería un coadyuvante de la obligación especifica de la Fiscalía General de la Nación de acusar a los presuntos infractores ante los
juzgados y tribunales competentes y la de investigación de actos delictivos cometidos en el territorio colombiano, ya que con su puesta en marcha, faculta a este organismo para evitar penas innecesarias, brinda una solución alternativa de conflictos derivados de conductas punibles con poca relevancia y logra la colaboración de involucrados en conductas punibles para lograr la
desarticulación de bandas de delincuencia organizada, de otra parte hay quienes piensan que es la única excepción a las obligaciones de la misma fiscalía ya que puede dar un aire de inmunidad y puede ser entendido como una negociación entre quien comete el acto delictivo y quien lo acusa para remediar favorablemente y por anticipado su situación judicial en el entendido del cumplimiento de alguna de las 18 causales previstas en el código de procedimiento penal.
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