Resumen:
En consecuencia, la propuesta de análisis recala sobre dos grandes categorías, la primera asociada a la autonomía indígena que se consolida en la Constitución Política de 1991, bajo la premisa de una legislación especial que surte de legalidad las actuaciones al interior de las comunidades indígenas, desde su propio bagaje cultural y por ende en función de una dinámica social ancestral, como un derecho a proteger la identidad