Resumen:
Con la presente investigación se pretende determinar la aplicación del “Control
Fiscal Participativo en la Contraloría General del Municipio de Manizales, en el
período 2004-2007”. Se persigue conocer si a través de este mecanismo las
entidades que manejan recursos del Estado, están dando una precisa y oportuna
aplicación a las normas estatales, que persiguen que estos recursos sean
utilizados de una manera adecuada, para el beneficio común.
Nuestros principales objetivos buscan establecer la incidencia del Control Fiscal
Participativo sobre las decisiones y acciones de la Contraloría General del
Municipio de Manizales. Así como, analizar si esta figura ha contribuido a la buena
administración de los recursos públicos del municipio.
Se conoce como control ciudadano a la gestión pública1 estatal, a la forma de
participación que permite a los particulares influir lícitamente sobre las condiciones
de modo (cómo), tiempo (cuándo) y lugar (dónde) en que el Estado –a través de los
organismos de cualquiera de sus tres ramas de poder– lleve a cabo su actividad,
que debe ser orientada hacia el cumplimiento de los fines esenciales del Estado y
de la normatividad que regula su actuación a través, básicamente de la equitativa,
eficiente y transparente destinación y utilización de los recursos. El logro de los
objetivos propuestos, debe corresponder con el interés general.
Un rápido recorrido por el marco jurídico nos ubica en la Constitución Nacional,
artículo 270, que establece que "la Ley organizará las formas y sistemas de
participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública en los diversos
niveles administrativos y sobre sus resultados". A partir de este mandato y otro
cuerpo de artículos relacionados con la participación ciudadana en el marco de la
democracia participativa, son numerosas las disposiciones legales que aparecen y
en las cuales se considera el control fiscal Participativo. Las distintas iniciativas que en materia de control fiscal2 se han adelantado en la
última década en Colombia, se han concretado en una serie de instrumentos y
herramientas que buscan dotar a los entes de control de los medios para adelantar
una eficiente función fiscalizadora de los recursos públicos. Los instrumentos
jurídicos con los que cuentan hoy las entidades de control fiscal, le han permitido a
las distintas contralorías la aplicación efectiva de la fiscalización de las entidades
del Estado, que se han traducido en acciones tales como la obligatoriedad de sus
decisiones, la potestad de imponer multas, solicitar y obtener la suspensión de
funcionarios, el reconocimiento del valor probatorio de sus actuaciones ante las
autoridades judiciales, y el ejercicio eficiente de la jurisdicción coactiva entre otros.
El control ciudadano como una estrategia para fortalecer la transparencia en la
gestión pública, no puede ser desligado del avance democrático, requiere del
apalancamiento de la vindicación de la política y lo político como la tramitación de
intereses, es decir, el control ciudadano en sí mismo es una actividad política que
se ejerce en confluencia pero también con independencia de los movimientos
políticos y sociales, y es un nuevo espacio que genera enriquecimiento de la
tramitación de intereses diversos en una sociedad.
El control fiscal participativo cumple un papel fundamental como garante del
Estado Social de Derecho, y herramienta fundamental para la construcción de una
verdadera democracia, sustentada en una confiable rendición de cuentas a la
ciudadanía; mejorando la presencia y aceptación del Estado, así como la
optimización de la gobernabilidad como un cambio hacia la paz.
Lo ideal es que los gobiernos rindan cuentas a la ciudadanía e incorporen la información
que los ciudadanos esperan tener a cerca de la gestión del mismo, por medio de un
preciso y significativo conocimiento de los asuntos públicos, comprometidos con el
desarrollo responsable, exigentes con una buena marcha de los gobernantes.
Parte imprescindible de la buena marcha de un Estado es contar con un adecuado
sistema de control fiscal. Las estrategias de acercar el Estado y la sociedad, si
bien son fundamentales, no pueden de ninguna manera ser la única fuente de
control, que va a permitir un parte de tranquilidad a la ciudadanía, por la seriedad y
rigor con el que se revisan las cuentas públicas.