Resumen:
Con el presente trabajo pretendo demostrar que los funcionarios judiciales estamos amparados por la constitución y la ley para tomar decisiones dentro de la investigación que adelantamos en nuestros Despachos y que no necesariamente siempre deben terminar con una pena privativa de prisión. Existiendo entonces una serie de penas alternativas para lograr el cumplimiento de los fines constitucionales que se persiguen al momento de solicitar una medida de aseguramiento ante los Jueces de Control de Garantías o al momento de proferirse la correspondiente Sentencia Condenatoria por parte de los Jueces de Conocimiento. El derecho a la libertad es la regla y su privación es la excepción.