Impacto de la ley 1561 de 2012 en la titulación de la pequeña propiedad agraria y el saneamiento de la falsa tradición

Abstract

Los procedimientos en derecho se instituyen para concretar y materializar los derechos subjetivos de las partes procesales y para la realización de la justicia material. En ese orden, en el derecho patrio, tienen plena validez y protección jurídica los hechos que muestran señorío de una persona sobre un bien, es decir, se protege legal y jurisprudencialmente el uso y el goce que como atributos tiene la propiedad de bienes inmuebles, de allí que en nuestro ordenamiento jurídico existe la institución de la usucapión o mejor conocida la prescripción adquisitiva de dominio. Así, el Código civil expresa en el artículo 762 que el poseedor es reputado dueño mientras otro no justifique serlo, por ello, mediante esta figura jurídica se puede llegar a adquirir el dominio de las cosas por el transcurso del tiempo que la ley establece. Nuestra legislación civil le ha otorgado al poseedor sobre un bien inmueble la posibilidad de convertirse en titular del derecho de dominio, con el cumplimiento de ciertos requisitos, entre los cuales está el haber ejercido posesión por el término que la ley señala; para ello la ley procesal establece varios procedimientos con el fin de solicitar al juez competente la declaración del dominio, los cuales, a lo largo de la historia se han mostrado lentos, dispendiosos y costosos para el prescribiente. El presente trabajo tiene la intencionalidad de mostrar los beneficios y dificultades que puede tener, en la praxis judicial, la utilización de los distintos procedimientos en orden a obtener la declaración judicial de pertenencia o prescripción adquisitiva del derecho de dominio, y además realizar un comparativo entre el procedimiento administrativo del C.G.P. y la aplicación de la ley 1561 de 2012.