Reforma laboral y su impacto en el mercado laboral colombiano

Colombia se encuentra inmersa en un debate político que no ha sido expuesto de una manera armónica y organizada. En ese contexto, se han presentado unas propuestas de impulso legislativo-gubernamental que han descuidado elementos participativos esenciales, como lo ordena nuestra constitución. Uno de estos temas es la Reforma Laboral, una cuestión especialmente sensible en el devenir de los años, cuyas iniciativas no siempre han tenido éxito en el Congreso de la Republica. El Pacto Histórico, partido de gobierno, ha materializado muchos de los objetivos propuestos desde la campaña presidencial, sin lograr una adecuada conciliación con el Estado moderno, la actualidad política, y los aspectos jurídicos, económicos y sociales del país. Esta desconexión ha impedido que el Gobierno actual cuente con el respaldo necesario para convertir sus propuestas en leyes de la república. Uno de esos proyectos de Reforma Laboral presentando por el Ministerio del Trabajo, que ha dado la espalda a la actual realidad económica y jurídica del país, generando un alto nivel de controversia, casi en condición de enfrentamiento, a tal punto que el hundimiento era un fracaso previsible por la desconexión que presentó desde el principio, pues adolecía de tres problemas fundamentales: primero, una redacción jurídica ambigua en puntos claves, como la estabilidad laboral reforzada, el tratamiento de las plataformas digitales, y la ausencia de planes de implementación gradual, - por ejemplo, en la reducción de la jornada laboral a 42 horas -, lo que reflejaba una grave falla en el estudio de impacto en el momento de ser aprobada; segundo, cálculos políticos errados que sobrestimaron el apoyo en el congreso; y tercero, una incapacidad para construir alianzas más allá del círculo presidencial. La Reforma laboral que Colombia necesita no puede ser el proyecto de un solo gobierno, ni la victoria de un sector sobre otro. Debe ser, como bien lo demostró Uruguay, un pacto social construido con paciencia y consenso, por un lado, los empresarios deben entender que la precarización laboral no es estrategia de competitividad, sino una bomba de tiempo social. Por su parte los sindicatos deben dejar atrás discursos anclados al siglo XX, y volver a su génesis: defender los derechos e intereses laborales de los trabajadores. ¿Y el Estado? Su papel debe ir más allá de convocar reuniones: debe garantizar que lo acordado se cumpla. En todos los países del mundo, antes de radicar un proyecto en materia laboral, ha sido previamente conciliado con todos los participantes y receptores de estas leyes, lo que hace de entrada un planteamiento confuso y restringido en cuanto al debate, a la dialéctica y al libre concepto de lo que se quiere reformar. Cabe precisar que hoy por hoy muchos países del mundo han incorporado temas como la flexibilización, la formalización y la tercerización como pilares normativos, dejando de lado la rigidez legal y teniendo en cuenta su vínculo con la economía. En este orden de ideas, el presente estudio abocardará de una manera descriptiva, analítica y evaluativa los impactos de la implementación del proyecto tal como está presentado. Como conclusión, es crucial que cualquier propuesta de reforma laboral en Colombia se construya sobre un entendimiento profundo del contexto nacional, sin dejar de lado las mejores prácticas y tendencias globales, con el fin de asegurar un desarrollo laboral inclusivo, sostenible y resiliente. Lo planteado hasta aquí busca, desde la objetividad critica, enmarcar el proyecto como una iniciativa a la cual no solo le falto rigor técnico, sino adecuación a las estructuras modernas del Estado y a las diferentes tendencias laborales del mundo contemporáneo. Este marco teórico debe servir como base para identificar los problemas que busca resolver la reforma, definir sus objetivos y desarrollar propuestas concretas de cambio. Insistir en el proyecto de reforma - y en la consulta que recoge en esencia el mismo contenido – implicará consecuencias negativas: más desempleo (calculado en el inicio del proyecto por el banco de la república en más de 400.000 y que luego de pasar por la cámara de representantes y votar los agregados, estos se incrementaros a corto plazo en más de 600.000 desempleados); así mismo nos traerá más trabajo informal, más inmigración, más trabajo infantil, menos seguridad social, más del denominado Dumping laboral social y por su puesto más mercado negro que motiva el desplazamiento de quienes se prepararon para ocupar verdaderos empleos para ser reemplazados por quienes necesitan un ingreso precarizando más el indicador del empleo formal en el país.