Límites del juez con función de control de garantías en la audiencia de imputación dentro del Sistema Penal Oral Acusatorio en Colombia

Abstract

El sistema Penal Acusatorio se implementó en Colombia con la intención de seguir los fundamentos de la Constitución Política de 1991 y los tratados internacionales, teniendo como base el respeto de la dignidad humana y velando por los derechos y garantías constitucionales de todos los Colombianos. No obstante , la Ley 906 de 2004 en algunos aspectos no cumple con las expectativas o necesidades originadas con su puesta en práctica; tal es el caso de la Imputación que efectúa la Fiscalía General de la Nación en el decurso del Proceso Penal, audiencia con la que realmente se inicia el proceso, se da vida a la contienda adversarial, bajo la batuta del Juez con función de Control de Garantías, quien se convierte en un convidado de piedra, pues solamente se limita a verificar en algunas ocasiones que el procesado haya entendido lo que la Fiscalía le está comunicando, teniendo en cuenta que éste procedimiento ha sido catalogado como un simple acto de comunicación.

Es desde allí donde se desencadena una pugna de posiciones, en relación con la decisión que tomará el Juez de Conocimiento, quien absuelve o condena partiendo de la defectuosa imputación; a partir de la cual defensa y Fiscalía propondrán tesis opuestas.

En consecuencia, el presente escrito encuentra su justificación en conocer el desarrollo doctrinal y jurisprudencial frente a este tema, y la posición de la Corte Suprema de Justicia como órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, e identificar los principios aplicables al caso, con el objeto de llegar a una conclusión de aplicabilidad al problema.

Siguiendo este camino, se establecerán las bases constitucionales del proceso penal, identificando los aspectos más relevantes de la filosofía del Sistema Acusatorio, particularmente en el análisis del principio de congruencia o consonancia entre la Imputación, acusación y la sentencia, pero siempre enfocadas al papel del Juez Constitucional como garante de los derechos de los procesados.