Resumen:
La Constitución Política de Colombia, como norma de normas, regula los aspectos más
importantes de nuestro Estado. Desde este sentido, se pretende examinar tres aspectos
fundamentales desde el punto de vista constitucional, los cuales tienen estrecha
relación con la minería, el medio ambiente y el origen de la perspectiva gubernamental
a través del Plan Nacional de Desarrollo. Para tal fin se resolverá los siguientes
interrogantes: ¿Quién es el dueño del subsuelo y los recursos naturales no
renovables?, ¿qué medidas se adoptaron en la Constitución Política sobre el medio
ambiente? y, ¿cuál es la función del Plan Nacional de desarrollo?
La Carta Magna expresa que el Estado es el dueño del subsuelo y de los recursos
naturales no renovables, en su articulado prevé la necesidad de la protección del medio
ambiente, los entes encargados de ello, las acciones que se pueden incoar para lograr
este cometido, entre otros aspectos relevantes. Así mismo, ordena a la rama ejecutiva la administración del Estado en forma planeada, para ello, se le exige la elaboración de los Planes de Desarrollo a todas las entidades territoriales, a nivel nacional, departamental y municipal las cuales deben estar articuladas.
En cumplimiento a este mandato constitucional, el gobierno actual elaboró el Plan Nacional de Desarrollo denominado “Prosperidad para todos”, el cual se enfoca en 5 locomotoras para impulsar el desarrollo económico, social, político y cultural de nuestro país; bajo una perspectiva de innovación, buen gobierno, relevancia internacional y sostenibilidad ambiental. Una de esas locomotoras es la minero-energético, la cual está llamada a generar mayores ingresos al país mediante la inversión nacional e internacional.
El Ministerio de Minas y Energía, con el fin de actualizar la información referente a la
actividad minera, inició desde el año 2010 un censo minero a nivel nacional, el cual
culminó el año inmediatamente anterior, arrojando resultados sobre el estado actual de la explotación minera en Colombia, teniendo en cuenta variables de índole social, económico, legal y ambiental. Estas variables, presentan un déficit de control
institucional en el desarrollo de la actividad minera, toda vez que existen unidades de exploración operando sin títulos y explotaciones con Licencia Ambiental, pero
amenazando y vulnerando derechos colectivos garantizados por los principios
constitucionales y legales.
