Resumen:
Ante una denuncia por conducta contra la libertad e integridad sexuales, las autoridades en general (judiciales y administrativas), no operan expeditamente, ya que imponen ciertos trámites innecesarios como: conducto regular en el caso de los organismos de seguridad (Policía Nacional, DAS. y C.T. .); entrevistas previas, como es el caso de la Fiscalia General de la Nación (Oficina de asignaciones), formalidades que profanan la celeridad de la investigación y conducen a que se deterioren las pruebas en el lugar de los hechos, lo que coadyuva al incremento de la impunidad, a la vez que atentan contra la dignidad e intimidad de la víctima, ocasionando con esto el desinterés de la persona ofendida ante la ineficacia del aparato estatal; porque debemos entender que ya tuvo bastante con el oprobio del que fue objeto y ahora se enfrenta a la carga sicológica que encarna relatar lo acontecido y someterse a trámites judiciales dispendiosos.