La improvisación estatal por encima de la participación de las comunidades étnicas de Colombia

Abstract

El estado colombiano, al constatar que el código de minas ley 685 de 2001, era insuficiente para modernizar la industria minera, agilizar los trámites de obtención de títulos, promover la inversión tanto interna como extranjera y proteger algunos territorios del país, presentó la ley 1382 de 2010, pero incumpliendo con el trámite obligatorio de la consulta previa a las comunidades negras e indígenas, por lo cual, la corte constitucional, advirtiendo el error en una acción de inconstitucionalidad, declaró inexequible la reforma en el efecto diferido de dos años para subsanar el mencionado error, pero esto no sucedió. Lo que si pasó, fue que expidieron, otra vez de manera improvisada, tres decretos reglamentarios para recoger lo que no se pudo regular; y de nuevo, por encima del derecho a la consulta previa, se regularon aspectos que afectan a las comunidades étnicas,. De tal forma que el presente trabajo, pretende evidenciar como en la práctica no se toma en cuenta el espíritu del derecho fundamental a la consulta previa y como en el caso que nos ocupa prevalece nuevamente la improvisación estatal sobre la participación de las comunidades.