Ineficacia de la normativa penal, respecto de la minería ilegal

Abstract

El presente artículo, analiza desde una perspectiva crítica como la potestad punitiva del Estado, como herramienta necesaria para el reproche del injusto y culpabilidad, ante el daño axiomático de un bien jurídico tutelado, no es coherente con la realidad que se vive actualmente en muchas regiones del país, en lo relacionado con el ejercicio de la minería ilegal. El desarrollo de la minería en nuestro país ha venido creciendo a pasos agigantados en los últimos años, pero de una manera desordenada, ante la pasividad de un Estado caracterizado por su ineficacia en la aplicación de los mecanismos de prevención y reproche existentes, convirtiéndose esta actividad ilícita, no solo en una amenaza inminente para el medio ambiente, sino, como una fuente importante para el financiamiento de grupos al margen de la ley. Es por ello que podemos afirmar que la minería en Colombia en un alto porcentaje es ilegal. De más de 14 mil actividades mineras presentes y activas en el país, apenas tienen título minero el 37%, es decir solo ese porcentaje se encuentra debidamente constituido, este es el resultado de la ausencia del Estado en el proceso de extracción y explotación de minerales. Es claro que en este sector importante para la economía nacional cada cual hace los que quiere, a pesar de que existe consagrado en el Código Penal, articulo 338, la conducta delictuosa "el que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente explote, explore o extraiga yacimiento minero o explote arena, material pétreo, por medios capaces de causar graves daños a los recursos naturales o al medio ambiente", así está el delito tipificado, pero no hay autoridad que haga cumplir las escasas normas.

Entes de control como la Contraloría General de la República ha advertido que el país está al borde de un desastre ecológico, por la ausencia y escases de normas para perseguir la ilegalidad. En casi todos los casos se está sin título minero, es decir que se está explotando y explorando yacimientos de manera ilegal, es decir, cometiendo un delito de manera recurrente y permanente sin que los organismos del Estado encargados de la protección del ambiente como deber del mismo Estado tengan las herramientas suficientes que permitan frenar este flagelo.

La minería ilegal trae una serie de efectos negativos para la economía y para la misma sociedad porque no tienen licencia ambiental, que se debe exigir no solo al que explota sino al que explora, hoy en día so pretexto de estar haciendo exploración se hace explotación.

Este fenómeno está generalizado en todo el país y se deben toman medidas para hacer cumplir las normas en asocio con la fuerza pública. La minería indudablemente es importante para el progreso del país, pero de ninguna manera a costa de sacrificar los recursos naturales, porque nos dejan la "pobreza y se llevan la riqueza".

El Estado colombiano está en mora de actualizar la normatividad, que debe ser respetada por el empresariado nacional y extranjero dejando favorecimientos especiales por el grado de inversión que representan para el país. Se expidió la Ley de Ordenamiento Territorial, la que debe en su parte reglamentaria, fijar las zonas agrícolas, industriales, de reserva o ecosistemas que son intocables como los páramos, humedales, parques naturales, bosques, y naturalmente darles posibilidades a las autoridades territoriales, ambientales y públicas para que hagan cumplir las normas.

Se debe entonces y de manera urgente establecer por parte del legislador otras conductas punibles, relacionadas con el ejercicio de la minería ilegal y en general contra los delitos relacionados con el medio ambiente, donde se puedan adecuar otros verbos rectores que permitan la judicialización axiomática de los latrocinadores y aumentar las penas, para este tipo de delitos que permitan sentar precedentes ejemplarizantes para los infractores.