Aplicabilidad del principio de proporcionalidad en la modificación de la pena de prisión contemplada en el código penal -ley 599 de 2000- utilizada por la política criminal estatal.

Abstract

El derecho penal es una herramienta utilizada por el Estado para contrarrestar los hechos que atentan contra los bienes jurídicos, hechos conocidos como delitos. Sin embargo, dicha herramienta no puede utilizarse de cualquier manera, pues está limitada por los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política y, además, por una base de principios que regulan la actividad estatal, con el propósito de garantizar la validez y la legitimidad de las decisiones adoptadas por el Estado a través de la Política Criminal, evitando excesos al momento de reprimir conductas delictivas por intermedio de la aplicación del Código Penal (Ley 599 de 2000).

Durante los 17 años de vigencia del Estatuto Punitivo, ha tenido múltiples modificaciones en punto a las sanciones de conductas punibles. Estas reformas responden a una Política Criminal del Estado que se materializa en la denominada “libertad de configuración legislativa” de la que el Legislador hace gala y que, a pesar del control que debería darse según lo establecido en la Constitución –control que incluye el principio de proporcionalidad–, no encuentra una implementación mínima en el Congreso que regule el cambio normativo.

Por ello, el análisis de la presente tesis parte de una comparación punitiva de diferentes delitos con las reformas implementadas por el Congreso de la República, con lo cual se permite evidenciar la necesidad de un control más estricto, a partir del principio de proporcionalidad, del excesivo y deliberado aumento de las penas en la legislación, que responden solo a lo que se denomina “populismo punitivo”.